'Las razones del conflicto con Ciudad Mallorquín que construye Argos'
“Nos hemos configurado en una resistencia social no violenta, no solo en defensa de la naturaleza, sino en protección de la calidad de vida de los ciudadanos”.
Por María Correa (*)
Muchos se han preguntado sobre cuáles son los intereses que hay detrás de quienes defendemos el ecosistema Pajonal en donde hoy se construyen los proyectos inmobiliarios de Ciudad Mallorquín, liderados por el poderoso Grupo Argos. En una ciudad como Barranquilla y sus municipios del área metropolitana no es común que desde la sociedad civil se emprenda una lucha tan aguerrida y comprometida por la defensa de los bienes comunes. Se hace extraño, entonces, que una causa ambiental prospere hasta los niveles que la hemos llevado.
Y es que en Barranquilla a quien se le ha llamado “la ciudad milagro” o la “ciudad de moda”, estábamos acostumbrados a otras narrativas de desarrollo donde el epicentro era o sigue siendo el cemento. Seguimos muy distantes aún del abordaje a fondo de los problemas estructurales de la urbe, por ejemplo, la injusticia social caldo de cultivo- entre otros problemas- de una galopante y tenebrosa realidad de inseguridad.
El conflicto urbano-ambiental generado por las intervenciones inmobiliarias de Argos en predios de su propiedad, donde se encuentran ecosistemas propios de nuestra fisonomía costera, es complejo. Aunque existen cuestionamientos sobre cómo adquirieron grandes extensiones de territorio en el norte de la ciudad, es crucial destacar la función social y ecológica de la propiedad. Según la Ley 23 de 1973, el mejoramiento y la protección del medio ambiente son actividades de utilidad pública en las que deben participar tanto el Estado como los particulares. Además, el Decreto 2811 de 1974, basado en la misma ley, reitera esta definición y subraya que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública y de interés social.
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Quienes hemos estado al frente de la opinión pública encarando esta causa inédita y riesgosa, hemos actuado de manera emergente. Provenimos de distintos ejes temáticos, saberes, posturas políticas y clases sociales. Nos hemos configurado en una resistencia social no violenta, no solo en defensa de la naturaleza, sino también en protección de la calidad de vida de los ciudadanos. El nuevo rediseño arbitrario e inconsulto de la expansión urbana en Barranquilla y sus fronteras afectará la cotidianidad de todos y el derecho de la flora y la fauna a existir y a conservar su espacio en el planeta. Esto es especialmente relevante frente a la arremetida inclemente y extractivista de los poderes económicos, la complicidad institucional y la indiferencia ciudadana.
Armados con inteligencia, rigor profesional y una comprensión clara del daño ecológico, hemos sacado a la luz un entramado que revela altos niveles de interferencia corporativa en los planes de ordenamiento territorial de Barranquilla y Puerto Colombia, y en la configuración de las determinantes ambientales del POMCA Mallorquín. Además, se han expuesto los beneficios tributarios en Barranquilla para Argos, obtenidos mediante el cambio de denominación de predios urbanizables no urbanizados y edificables no edificados de base gravable superior a 454 Unidades de Valor Tributario (UVT) y que extrañamente están clasificados como de uso comercial. Y se le suma la irresponsabilidad de la Triple A y autoridades ambientales al no exigir la implementación de PTAR en estas nuevas ciudades interiores y fronterizas. Según la Triple A, las aguas residuales de los proyectos de Ciudad Mallorquín se arrojarán directamente al río Magdalena como afluentes.
Posicionar este tema en el centro de la discusión pública también ha servido para reivindicar y fortalecer la lucha de personas como Alberto Mario Forero, la de los pescadores y pescadoras en Las Flores y la Playa y visibilizar las voces de los líderes comunales de Alameda del Río y muy seguramente la de los afectados por el desastre ecológico y patrimonial en Campoalegre, que ha permanecido impune durante más de 20 años. No se sienten ya solos en sus luchas. Además, de la investigación han salido a flote todas las acciones jurídicas que se han interpuesto desde hace varios años y que, lamentablemente, duermen en el sueño de la impunidad.
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Hasta ahora, se han logrado avances significativos: la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha calificado este hecho como una “catástrofe ambiental”. La Fiscalía delegada para asuntos ambientales ha iniciado investigaciones, y el Concejo de Barranquilla ha solicitado la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para abordar conflictos de uso del suelo, servicios públicos y sostenibilidad ambiental. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) también ha incluido en su plan de acción la revisión y ajustes al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín (POMCA). Además, la ministra de Medio Ambiente ha anunciado la creación de una comisión técnica para evaluar las afectaciones al humedal Ramsar de la ciénaga de Mallorquín. Entonces caen por su propio peso las réplicas que buscan descalificar, deslegitimar y configurar como lucha de clases, las actuaciones y justas denuncias ciudadanas.
Sin embargo, la pregunta crucial persiste: ¿podremos evitar que continúen urbanizando en las 130 hectáreas restantes del ecosistema Pajonal? Esta es nuestra apuesta y para lograrlo nos necesitamos todos y todas. A los actuales habitantes de Ciudad Mallorquín, quienes compraron de buena fe, los invitamos a unirse a esta causa en defensa de la naturaleza. No estamos en contra de sus derechos ni queremos que pierdan sus propiedades adquiridas con esfuerzo. Solo buscamos evitar que el desastre ecológico siga escalando.
*Lideresa social y ambientalista por convicción, abogada Especialista en Alta gerencia en Economía Pública y Maestrante en Paz Desarrollo y Ciudadanías
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